El movimiento feminista es indispensable para acabar con las violencias machistas

En su último examen periódico, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación y Violencia contra las Mujeres (CDAW, por sus siglas en inglés) vuelve a resaltar este caso, junto con otras recomendaciones que hacen alusión a «los intolerables altos niveles de violencia contra las mujeres en la pareja» y a «las causas profundamente arraigadas de la violencia doméstica que demandan una respuesta dirigida a cambiar actitudes y valores».¹

La concepción de la violencia

El caso de Ángela González y su hija es paradigmático. No se trata solo de los maltratos y el asesinato cometido por el padre, que después de esto se suicidó; es la violencia de las instituciones que debían haberla protegido y no lo hicieron, al no imponer medidas de alejamiento. Y la violencia del mensaje que se lanza a la sociedad al no dar crédito a las denuncias de la mujer sobre un hombre al que consideraba claramente un peligro, y al negar que sea un caso merecedor de reparación.

La violencia machista no es únicamente la violencia directa que una persona —un hombre— ejerce contra otra —mujeres, niños y niñas—, una violencia responsabilidad de la persona que la ejerce y cuya evitación está en su mano. La violencia machista está sustentada en unas estructuras sociales y un orden simbólico que la justifica, la tolera y la perpetúa. Para acabar con la violencia directa, la más evidente, hay que terminar también con la violencia simbólica y la violencia estructural arraigadas en los valores y normas sociales.

Para ello, es necesaria una acción coordinada en todos los ámbitos que implique a todos los actores posibles; desde los servicios y profesionales que prestan atención y acompañamiento a las mujeres que han vivido violencia machista, hasta los políticos que diseñan las leyes y los agentes que las aplican. Desde los medios de comunicación y líderes de opinión, hasta las campañas de sensibilización de las instituciones que intentan cambiar los valores y actitudes de la sociedad sobre la violencia contra las mujeres.

Pero, para incidir en un sistema atravesado por la cultura de la violencia, necesitamos un movimiento feminista fuerte, que alinee la estrategia y haga visible que la violencia está en la base de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que es la norma y no una excepción. Así lo afirma una investigación publicada en la American Political Science Review en 2012² que abarca cuatro décadas de políticas contra la violencia de género en setenta países:

La movilización feminista dentro de la sociedad civil —no agentes políticos como los partidos de izquierda o las mujeres dentro del gobierno, o económicos como los niveles de bienestar— es el factor clave para el desarrollo de las políticas. […] los movimientos autónomos generan un impacto perdurable en las políticas sobre violencia de género a través de la institucionalización de las ideas feministas en las normas internacionales.

El movimiento feminista es la punta de lanza contra las violencias y sus propuestas deben guiar las acciones de prevención, protección y reparación necesarias. Propuestas que emanan de la experiencia acumulada tras años de acompañar a otras mujeres a salir de procesos de violencia pero, sobre todo, de la experiencia de ser mujeres y saberse en claro riesgo de sufrir una agresión. Una encuesta realizada en 2014 entre 42.000 mujeres de los 28 estados de la UE, por la Agencia de la Unión Europea de los Derechos Fundamentales,³ indicó que el 33 % había sido víctima de violencia física y/o sexual desde los 15 años.

Las cifras de la violencia y el contexto de impunidad y tolerancia en que se esta tiene lugar son alarmantes, tanto en el Estado español como en otros países.

De los setenta a la actualidad:

el movimiento feminista contra la violencia machista en el Estado español

Al echar la vista cuarenta años atrás y ver de dónde partían las mujeres y la concepción de cuáles eran sus derechos, se reconocen de manera clara las mejoras conseguidas, ya que ellas partían de la nada, eran invisibles en los espacios públicos y de poder, y las leyes y estructuras sociales no las consideraban personas con necesidades y derechos específicos.

A escala internacional, las primeras declaraciones y tratados también son de los años setenta del siglo xx. En 1975, tuvo lugar la I Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por la ONU en México. La CEDAW se aprobó en 1979. En el Estado español, las primeras leyes y cambios comienzan tras el fin de la dictadura: en 1979, se introducen los anticonceptivos en las farmacias; en 1981, se aprueba el divorcio y se regula la separación; en 1989, se tipifican los primeros delitos contra la libertad sexual, como la agresión sexual y la violación; en 1995, se tipifica el acoso sexual; y hasta 2004 no se aprueba la ley orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género. En Cataluña, en 2008 se aprobaría la ley del Derecho de las Mujeres a erradicar la Violencia Machista.

Todos estos cambios fueron fruto de una fuerte organización y movilización de las feministas; desde las casas de acogida, pasando por las primeras campañas de sensibilización, hasta las leyes integrales y los servicios especializados. Todos han representado avances, pero, a su vez, en cada uno de estos logros se esconden pequeñas y grandes frustraciones, decepciones, incoherencias, parches, traiciones, malas aplicaciones… La constatación es que existen fuerzas que se resisten a acabar con un sistema basado en la violencia que todavía les beneficia.

Un artículo escrito en el año 2000 por Cristina Vega y Begoña Marugán, sobre los discursos feministas sobre la violencia machista,⁴ ofrece un rico resumen de las reivindicaciones y las victorias del movimiento feminista desde los setenta. En los ochenta, se denunciaban las agresiones, a partir de las comisiones antiagresiones que actuaban articuladas en la Coordinadora Feminista. La imagen dominante era la de violadores extraños a las víctimas y las agresiones en la calle. El movimiento feminista, recién salido de la dictadura, estaba por reivindicar la libertad sexual, el derecho al propio cuerpo y la autonomía de las mujeres. El lema era: «Ninguna agresión sin respuesta».

A finales de los ochenta, se vuelven comunes los términos «violencia doméstica» y «malos tratos». En 1987, se celebra el I Congreso de Organizaciones Familiares, que aborda esta temática y, en 1983, el Instituto de la Mujer crea la primera campaña: «Mujer, no llores, habla». En esa década, se crean los primeros gabinetes jurídicos y psicológicos de mujeres para abordar los problemas derivados de las violencias y la policía comienza a recoger estadísticas sobre las denuncias de violencia contra mujeres en la pareja.

En esos años, el trabajo de las organizaciones feministas se centraba en conseguir cambios en el Código Penal, para obligar a que se tipificasen correctamente la violencia machista y la violencia sexual; también se ponía el foco en demandar servicios especializados en la policía, en los servicios sociales, etc., que atendieran adecuadamente a las mujeres.

La década de los noventa es la de mayor institucionalización del feminismo, identificado con las políticas del PSOE, con el Instituto de la Mujer a la cabeza. Es uno de los momentos más bajos del movimiento, y en el que se produce una gran brecha generacional. Las feministas de los setenta que no están en las instituciones trabajan desde los pocos espacios autónomos que sobreviven. Las nuevas feministas jóvenes nacen de otros espacios de socialización y comienzan desde cero. La violencia machista no será central en esta nueva oleada, y su denuncia quedará en manos de las instituciones, de las organizaciones de mujeres separadas y divorciadas,⁵ y de algunas organizaciones feministas especializadas.

Llegan los 2000 y se consiguen las leyes integrales sobre violencia de género, muchas de ellas recomendadas por organizaciones feministas especializadas. La ley catalana de 2008, asesorada por Tamaia Viure sense Violència —cooperativa feminista nacida en 1992, que da acompañamiento y atención especializada—, es una de las más avanzadas del Estado español y recoge los diferentes ámbitos donde se da la violencia, además de la pareja y la familia, e incluye también la violencia económica.

Momento actual

La década iniciada en 2010 ha visto emerger una respuesta coordinada y reelaborada por parte del movimiento feminista. Según Beatriu Masià, directora de Tamaia, tras años de aplicación de la ley, las organizaciones feministas se han dado cuenta de que no basta con lo conseguido, que hay que seguir con la denuncia porque los gobiernos no han sido capaces de cumplir con lo acordado. Además, destaca que existe un nuevo protagonismo dentro del movimiento feminista de grupos más jóvenes, que han tomado la violencia como un tema central en su acción política y están radicalizando los discursos.

Fruto de este resurgir, y gracias también a una nueva voluntad de coordinación, se convocó una manifestación en Madrid, el pasado 7 de noviembre de 2015. Esta convocatoria agrupó a medio millón de mujeres que reclamaban al gobierno que considere la violencia machista como un problema de Estado y actúe en consecuencia. En su comunicado, se comparaban las 1.378 mujeres asesinadas por «violencia machista» a manos de sus parejas o ex parejas desde 1995, con el número de personas asesinadas por ETA en toda su historia.

En esta línea, el movimiento feminista de Euskadi convocó una manifestación unitaria el 9 de abril en Vitoria, con el lema «11 eraso, 12 erantzun. Feministok prest!» (11 agresiones, 12 respuestas. ¡Feministas alerta!). Begoña Zabala, de Emakume Internazionalistak, habla sobre la convocatoria en un artículo:⁶

Se puede decir que esta manifestación nace de la necesidad de mostrar el hartazgo que sentimos ante el incremento creciente de las agresiones contra las mujeres. No se trata de un asunto meramente numérico. No es solo contar las denuncias y ver que este mes son más que el mes pasado, o que año tras año los números oscilan alrededor de las mismas cifras. La percepción es más cualitativa. Se multiplican las diferentes formas de violencia, aparecen nuevas demostraciones que agreden a las mujeres. Manifestaciones verbales agresivas, acosos en la calle, fiestas masculinizadas con presencias masculinas agresivas, abroncamientos machistas en las tertulias a mujeres representativas de los espacios públicos, prohibición de transitar en espacios determinados…

Se trata de una violencia es estructural, ejercida diariamente en contextos diferentes y que afecta de múltiples maneras a las mujeres. No son solo asesinatos, se trata de un continuum que abarca desde los conflictos armados hasta los espacios privados, pasando por las relaciones de poder en los lugares de socialización. Se trata de los múltiples mecanismos del patriarcado para perpetuarse. Ante esto, solo queda responder con un movimiento feminista fuerte y articulado.

POLÍTICOS, POLICÍAS, JUECES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

OTRAS VOCES GENERADORAS DE DISCURSO SOBRE VIOLENCIA MACHISTA

Desde que el movimiento feminista consigue elevar el debate sobre la violencia contra las mujeres, ya no está solo en la creación de discurso. Con la aprobación de leyes e instituciones especializadas, los políticos entran al debate. La actuación de policías, jueces y fiscales genera un estado de opinión. Lamentablemente, declaraciones públicas irresponsables de representantes políticos, sentencias absolutorias a acusados de malos tratos, denegación de medidas de protección y actuaciones policiales poco sensibles lanzan a la sociedad un mensaje claro de impunidad, y la sensación de que la violencia contra las mujeres es un delito leve del que se puede escapar sin graves consecuencias.

Más allá del discurso, las mujeres que deciden denunciar y esperan contar con el respaldo de las leyes suelen pasar por un proceso doloroso que acaba por revictimizarlas al hacerles revivir situaciones de violencia. La organización feminista de abogadas Dones Juristes expone las atrocidades que son capaces de darse en los juicios. Las mujeres que denuncian esperan un juicio rápido que acabe en sentencia condenatoria, un asesoramiento gratuito y el fin de las agresiones. Lo que se encuentran es una falta de asistencia letrada inmediata, que deja a las mujeres sin pautas para poner una denuncia que contenga la información necesaria para ser utilizada en el juicio; una presión psicológica que hace recaer en ellas toda la responsabilidad de demostrar el delito y conseguir una sentencia; y una falta de formación e insensibilidad generalizada en los juicios, en los que muchas veces ni se vela para que la víctima no tenga que compartir espacios con el agresor. Esta organización concluye que animar a denunciar a las mujeres es una irresponsabilidad si antes no se las prepara para el proceso que supone llevar adelante un juicio.

Los medios de comunicación también son primordiales generadores de discurso y opinión sobre la violencia machista. Hay dos momentos clave que han marcado, para bien y para mal, el rol de los medios en este debate. Uno fue el asesinato de Ana Orantes por parte de su marido, dos semanas después de que esta apareciera en televisión denunciando el maltrato continuado que estaba sufriendo. El caso escandalizó a la opinión pública y ayudó a que se cambiaran las leyes que castigaban la violencia machista. El otro suceso fue el de las niñas de Alcàsser, en 1992, que abrió la veda a la televisión sensacionalista en España.

Desde entonces, junto con los cambios en la sociedad y en las leyes, se han creado diferentes protocolos para modelar el tratamiento que los medios de comunicación deben hacer de las noticias sobre violencia de género. Entre otras, se incluyen recomendaciones sobre cómo nombrar la violencia: violencia de género, violencia machista, y no violencia doméstica; sobre qué considerar violencia de género, más allá del asesinato; sobre qué razones dar a los casos de violencia, evitando presentarlos como sucesos aislados o justificándolos por causas ajenas a las relaciones de poder entre hombres y mujeres; o sobre cómo tratar la noticia, evitando dar datos morbosos no relevantes o que atenten contra la intimidad de las personas.

El papel de los medios es importantísimo para ayudar al cambio de valores y actitudes que toleran la violencia. Por eso deberían ir de la mano de las recomendaciones y denuncias del movimiento feminista para ayudarlos a crear nuevos discursos y nuevas representaciones de la violencia contra las mujeres.