En los últimos años, se han concedido, o están en vías de serlo, docenas de permisos de investigación de hidrocarburos no convencionales en todo el territorio peninsular, especialmente en la mitad norte. La mayor parte de estos permisos buscan gas de esquisto (shale gas, en inglés) que no es más que gas natural extraído de esquistos (una especie de pizarra) mediante una combinación de técnicas entre las que destaca la fractura hidráulica o fracking.
El gas natural es una mezcla de gases orgánicos, compuesto sobre todo por metano. Es inodoro, incoloro y altamente inflamable y una fuente de energía que se explota desde hace siglos. Tradicionalmente se han venido explotando las reservas de más fácil acceso y mayor rendimiento (explotaciones convencionales). Sin embargo, en los últimos años están cobrando relevancia, en términos productivos, yacimientos que suponen un reto cada vez mayor por su elevada dificultad técnica y escasa rentabilidad. Esto es debido a un contexto económico favorable que ha disparado el precio de los hidrocarburos, a la irreversible declinación de las reservas tradicionales y a avances en las técnicas de perforación horizontal, o dirigida, y en la fractura hidráulica. Estos avances permiten la explotación de estos yacimientos (explotaciones no convencionales), entre ellos el gas de esquisto o gas de pizarra.
En las explotaciones convencionales, el gas está contenido en rocas muy porosas y con una permeabilidad media-alta (arena, roca caliza o dolomita). La extracción de gas en estas explotaciones es relativamente sencilla y muy rentable. Esto no ocurre en las explotaciones no convencionales, donde el gas está contenido en estratos de roca poco porosa y de menor permeabilidad (arenas compactas, lechos de carbón y esquistos). A menor porosidad y permeabilidad, más complejas y agresivas son las técnicas requeridas para extraer el gas. El caso del gas de esquisto o pizarra es el más costoso y menos productivo, debido a que la pizarra es muy poco porosa y prácticamente impermeable. Por lo tanto, es necesario utilizar la perforación horizontal, o dirigida, para adentrarse largas distancias en el estrato de pizarra y poder acceder así a una cantidad de gas significativa. Además, es imprescindible romper la roca para poder liberar el gas y extraerlo, lo que se consigue gracias a la fractura hidráulica. Es decir, para poder explotar el gas encerrado en el estrato de pizarra es necesario fracturar todo el estrato, lo que implica realizar cientos o miles de pozos para explotar un yacimiento.
Para hacernos una idea de lo que esto implica, echemos unas sencillas cuentas. Los permisos de investigación concedidos en el área vasco-cantábrica (Cantabria, Álava y Burgos), considerado el principal yacimiento de gas de pizarra del Estado español, cubren un área de unos 7000 km2. Por lo general, se perforan entre ocho y doce pozos por plataforma y se construyen entre una y tres plataformas por kilómetro cuadrado. Cada uno de estos pozos necesita 30.000 m3 de agua y unos 300 m3 de químicos para realizar la fractura hidráulica. Si consideramos datos de ocupación promedio, dos plataformas por km2 y diez pozos por plataforma, tenemos que para explotar el yacimiento es necesario perforar 140.000 pozos, utilizando para su fractura 4.200 hm3 (millones de m3) de agua y 42 hm3 de químicos, mezcla tóxica de la que quedará una parte en el subsuelo y otra volverá a la superficie. Esta cantidad de agua es más o menos equivalente a toda el agua suministrada en las redes públicas de abastecimiento urbano en España en el año 2010, incluyendo consumo humano (2.413 hm3), industria, servicios y ganadería.
Una vez comprendido en qué consiste la explotación de yacimientos de gas no convencional, resultan evidentes los impactos que genera sobre las zonas y poblaciones afectadas: ingentes cantidades de agua utilizadas que vuelven en forma de residuos altamente contaminados; uso extensivo del territorio (plataformas, accesos, etc.); enorme incremento de tráfico pesado (unos dos mil viajes de camiones de quince toneladas, ida y vuelta, para cada pozo, sólo para transportar el fluido de fractura) circulando por nuestras carreteras comarcales; contaminación… Impactos todos ellos inevitables y que hacen difícil, si no imposible, la «cohabitación» con las formas y usos tradicionales del territorio rural: agricultura, ganadería y hostelería.
Pero lo más preocupante no es el claro impacto de este tipo de industrialización salvaje del territorio, sino los riesgos que la fractura hidráulica supone para el más preciado bien que poseemos: el agua. Por un lado, están los riesgos de contaminación en superficie que suponen el traslado, almacenamiento y tratamiento de los enormes volúmenes de químicos y residuos generados. Por otro, el riesgo para las aguas subterráneas que implican los posibles fallos en la integridad de los miles de pozos que perforar. Según un estudio publicado en 2009 a partir de los datos de más de 300.000 pozos perforados en Canadá, la mayor parte de ellos convencionales, el 2% de los pozos fallan ya en su primer año y el 4,5% de los pozos estudiados tienen pérdidas. En otro estudio de 2003 sobre el estado de los pozos realizados en aguas profundas del Golfo de México (esto es, yacimientos no convencionales), se encontró que el 5% de los pozos fallaban el primer año y que el 50% de los pozos de más de quince años presentaban pérdidas. Por tanto, es de suponer que los pozos de gas de esquisto, que deben soportar las enormes presiones necesarias para llevar a cabo la fractura hidráulica y que tienen longitudes mucho mayores que los pozos convencionales, estarán más cerca de los segundos que de los primeros. Es decir que, siguiendo con nuestro ejemplo, de llegar a explotarse el yacimiento de la cuenca vasco-cantábrica es de prever que al menos el 2% de los pozos, unos 3000, fallarían desde el primer año, con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. En el peor escenario, eventualmente la mitad de los pozos, unos 70.000, pondrían en riesgo nuestros acuíferos. Estos riesgos «teóricos» son muy reales para las comunidades de Estados Unidos que han visto su agua potable contaminada en Wyoming, Colorado, Pensilvania, Texas, etc. en los últimos diez años.
Es fácil de imaginar el enorme malestar que existe en los territorios afectados. La amplia movilización social ha hecho que centenares de municipios hayan aprobado mociones oponiéndose a los permisos y exigiendo su derogación y la prohibición de la fractura hidráulica, y que diferentes diputaciones –como Lleida, Valladolid o Palencia– hayan hecho lo mismo, y que el gobierno del PP en Cantabria se haya visto obligado a aprobar una ley contra el fracking, para intentar reducir la presión popular. A pesar de esto, el ministro de Industria y Energía, el inefable José Manuel Soria, capaz de afirmar que el gas de esquisto recibe este nombre porque está «enquistado en la roca», ha reiterado una y otra vez su apuesta por el fracking: «Para España, sería una bendición hallar gas y petróleo usando el fracking». Veremos quién gana el pulso.