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La batalla por el aborto legal en Latinoamérica: Argentina

En agosto de 2018, el Senado argentino votó por la no aprobación de la ley de Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE). Dos meses antes, la Cámara de Diputados había manifestado su voto a favor y, como suele suceder con casi cualquier tema de trascendencia pública en Argentina, las manifestaciones a pie de calle hicieron lo suyo. En el medio se hicieron escuchar infinidad de discursos, tanto fuera como dentro del recinto. El tema del aborto atravesó al cuerpo social en su conjunto y lo excedió.

De 2015 a esta parte, el feminismo viene copando y desbordando casi todas las agendas. Un dato que también empiezan a tener en cuenta quienes reaccionan y se oponen a muchos de sus planteos. Sin ir más lejos, tanto la Iglesia católica como los grupos evangelistas organizaron y participaron de las principales movilizaciones en contra. Pese a todo, tanto desde el feminismo como desde los distintos movimientos sociales que apoyaron y se manifestaron a favor de la ley, la sensación es que lo que se ganó en la calle no se pierde con ninguna votación parlamentaria.

La campaña

Hay que buscar los primeros indicios en el año 2003, cuando en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres, quienes conformaban la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito lograron instalar el tema. Impulsada desde grupos feministas y el movimiento de mujeres, como también desde individualidades pertenecientes a colectivos políticos y sociales, esta cuenta en la actualidad con la adhesión de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a distintos ámbitos y organismos, como ellas mismas señalan en su página web (www.abortolegal.com.ar).

Bajo la consigna «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir», y llevando como principal distintivo un pañuelo verde que se ha incorporado a la vestimenta de cientos de miles de personas en Argentina, la campaña ha logrado una visibilización sin precedentes en sus largos años de lucha. Si bien la ley 26.150 de Educación sexual integral (ESI) fue aprobada hace doce años, aún no ha sido implementada y ha sido objeto de discusión en estos últimos tiempos, tanto en la Cámara de Diputados, que discute modificaciones, como en la calle, en los medios y las redes sociales, donde se plantean todo tipo de argumentos a favor y en contra. Los llamados «celestes», en alusión al color del pañuelo que representa a los grupos antiderechos, luego de frenar la legalización del aborto, intentan impedir ahora la reforma de la ESI. La estrategia desplegada incluye mensajes de Whatsapp en «grupos de mamis» donde advierten que las niñas y niños serán obligadas a desnudarse y tocarse en las aulas o a visualizar vídeos porno, por poner solo algunos ejemplos. En algunas ciudades, se hicieron movilizaciones y se entregaron cartas modelo para llevar a la escuela y declararse objetores. Paradójicamente, uno de los principales caballos de batalla de estos grupos durante el debate en la Cámara de Senadores fue la necesidad de educar sexualmente con el objetivo de prevenir embarazos. Pasados más de dos meses del rechazo a la IVE, ahora reclaman la no implementación de la ESI, ya que señalan que se trata de contenidos ideológicos que quieren imponerse de manera autoritaria.

Los números

La senadora por la provincia de Chubut, Nancy González, junto a un equipo de trabajo, presentó un informe que señala que la legalización del aborto implicaría una reducción del 43 % de los recursos que actualmente destina el sistema de salud pública a atender complicaciones resultantes de abortos clandestinos. Asimismo, si el Estado produjera misoprostol ese gasto se reduciría en un 55 %. Según un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares y del Ministerio de Salud, del total de los abortos que se realizan en el país cada año (estimado en 450 mil), el 35 % corresponde a personas gestantes sin cobertura médica y que, en consecuencia recurren al sistema de salud pública cuando sufren complicaciones. Es decir, el Estado, hoy por hoy, destina recursos para paliar las consecuencias de los abortos clandestinos; 47 mil abortos inseguros que provocan internaciones y ni hablar de las 43 muertes por año que generan esas prácticas en la clandestinidad. Por otra parte, el negocio de los abortos clandestinos mueve sumas de dinero siderales que tornan lógica su resistencia.

 

 

Pero no solo en números estuvo basada la argumentación y la movilización a favor de la ley. Cientos de acciones fueron impulsadas por colectivos de mujeres en cada rincón del país, que se fueron multiplicando de manera exponencial para encarar el último tramo con más fuerza y calentar motores de cara a la votación en la Cámara de Senadores del 8 de agosto. La denominada «Operación Araña», llamada así para hacer temblar la tierra desde abajo, en red y en movimiento, realizó una intervención simultánea en las cinco líneas de subte (metro) de la capital argentina. Esta acción contó con el apoyo de las metrodelegadas, que oficiaron de anfitrionas. Es notable la creciente organización de las centrales sindicales en favor de la dimensión de género.

La ley

De aprobarse, Argentina hubiese sido el tercer país en América Latina —después de Cuba y Uruguay— con una ley de interrupción voluntaria del embarazo en todas las circunstancias. En el país, el aborto es legal desde 1921 solo en dos casos: en los que peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. «Lo que se discute es si vamos a permitir que se sigan muriendo más mujeres por abortos que ya hacemos y que vamos a seguir haciendo. No si va a haber abortos o no», sostiene Brenda, una activista feminista, que participa de la Campaña por el Derecho al Aborto. Para Luciana, otra activista, también se trata de eso, es decir, de «establecer un marco legal para una práctica que ya existe y una igualdad ante la ley de todas las clases sociales, ya que se sabe que las personas con capacidad de gestar que más mueren son aquellas con menos recursos».

La duda por la definición en la Cámara de Senadores se mantuvo hasta el último momento. Sobre un total de 72 senadores, el conteo arrojó 38 votos en contra, 31 a favor, una abstención, un indeciso y una ausente. Entre los senadores que se manifestaron en contra, se encuentra el expresidente Carlos Menem, cuya exesposa declaró, en una entrevista en 1999, que este la había acompañado a realizarse un aborto. Por si faltaban ejemplos de doble moral.

Tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores se hicieron vigilias en sus inmediaciones las horas previas a la votación con la intención de ejercer presión sobre el cuerpo legislador. Mientras los senadores dirimían sus votos en la última jornada, un fuerte temporal de lluvia, viento y frío azotaba la calle y fue el marco de la masiva movilización que dividió la plaza de los Dos Congresos entre quienes se manifestaban a favor (verdes) y en contra (celestes). Pero, como pudo verse luego desde diversas cámaras, a diferencia de los pañuelos celestes, los pañuelos verdes desbordaron no solo la plaza, sino también varias calles aledañas de forma compacta.

Religión

Para tomar dimensión del alcance y las consecuencias que tuvo el debate de la ley en la sociedad argentina, basta analizar algunas variables y las reacciones de uno de los pilares más importantes de la campaña en su contra: la Iglesia católica. Si bien hasta antes de la media sanción en la Cámara de Diputados se habían mantenido prácticamente al margen, luego de ésta redoblaron la apuesta y pusieron toda la maquinaria a funcionar en detrimento de la ley. Varias legisladoras denunciaron aprietes y amenazas durante la discusión, algunas cuando ya se habían manifestado a favor y otros porque aún no habían decidido su voto.

Pero la disputa por el espacio religioso no solo se dirimió entre gente católica y laica; los colectivos evangelistas también ocuparon un espacio central entre los grupos antiderechos. Su capacidad de movilización fue exponencialmente más grande que la de los católicos, tanto el día en que se votó la ley como el sábado anterior, cuando llamaron a movilizarse en contra de la IVE y coparon el centro de Buenos Aires.

En Argentina, la fe evangélica congrega a más del 13 % de la población, con fieles por demás orgánicos y recursos de sobra. Envalentonados con su triunfo en la caída de la ley IVE, se preparan para la constitución de un armado electoral propio. A diferencia de los católicos, se autofinancian y no dependen de ningún presupuesto del Estado, lo cual aumenta su capacidad de negociación. En algunas ciudades de Argentina, como Rosario, solo los domingos llegan a congregar 170 mil fieles distribuidos en 700 congregaciones.

Separación de la Iglesia del Estado

Otro dato de enorme trascendencia y que deja ver hasta dónde fueron conmovidas las bases es la fuerza que tomaron los movimientos que propician la separación de la Iglesia del Estado a partir de la discusión sobre la IVE. El debate por la ley del aborto no solo permitió visibilizar y escuchar las posiciones más retrógradas de las que se tenga memoria, sino también redimensionar la capacidad de intervención de la Iglesia católica en las decisiones del Estado. Y esto fue un llamado para que muchas personas optaran por quitar su apoyo.

La Constitución nacional argentina señala en su capítulo I (art. 2), que «el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano». Un sostén que justifican con base en unos números de dudosa procedencia. Según el colectivo Apostasía Colectiva, «la Iglesia católica es la que mayor representatividad se adjudica, pero la que menos claridad ofrece a la hora de demostrarla». Si bien no queda claro cuáles son las variables que se utilizan para determinar el número de fieles, se supone que lo establecen a partir del registro de bautismos. Otro problema en el mismo sentido es que la única fuente disponible es la propia Iglesia y que no es fácil acceder a estos números porque los consideran «material sensible».

Si bien diversos estudios parecen demostrar que casi un 90 % de la población argentina está bautizada, desde la aprobación de la ley del divorcio —hace casi veinte años— hasta aquí, un gran número de leyes que la Iglesia desdeñó han tenido un importante apoyo por parte de grandes mayorías sociales, y esto incluye un alto porcentaje de bautizados. Es decir, existe un desfase entre lo que predica la Iglesia y lo que sus supuestos fieles piensan.

 

 

Los coletazos del debate sobre el aborto se sintieron en todos los niveles de la estructura social, pero particularmente en aquellos que atañen a las creencias religiosas. Organizaciones como la Coalición Argentina por un Estado Laico, Apostasía Colectiva, que viene trabajando desde hace más diez años, se vieron desbordadas estos últimos meses por los pedidos de información, o el inicio del trámite por parte de quienes quieren dejar de formar parte de los registros de la Iglesia. El 8 de agosto, sin ir más lejos, el mismo día de la votación, solo en la ciudad de Buenos Aires se iniciaron más de 1.200 solicitudes. Por su parte, la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia del Estado, si bien es una iniciativa con escaso recorrido, vio replicar su icono exponencialmente tanto a través del pañuelo naranja como por las redes sociales; además de ver cómo se multiplicaban los grupos con esta iniciativa a lo largo y a lo ancho de la geografía argentina.

«Esto es una fiesta, y es la culminación de todo un proceso relargo de lucha por el aborto legal. Eso me pone muy contenta porque es una llama que se encendió hace mucho tiempo y tiene que ver con la búsqueda de una vida digna, en la que nuestras decisiones sean tenidas en cuenta y nuestro deseo se anteponga al altruismo al que hemos estado sometidas por los siglos de los siglos para cuidar, atender y hacer todos los trabajos de reproducción», sostiene Luciana. Algo muy parecido a esto se encargaron de manifestar varias integrantes de la campaña que dieron un mensaje desde el escenario principal pocas horas antes de la votación, cuando ya se preveían los resultados.

«Nosotras seremos las que pasaremos a la historia. Nos deben el derecho que ganamos en la calle. Si no es ley ahora, será el próximo año», sentenciaron.