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Proderechos

Probablemente el único ámbito en que el Partido Socialista puede presumir de diferencias sustanciales respecto al Partido Popular son los derechos civiles (siempre, claro está, que no tengan relación, por ejemplo, con el proceso independentista). En esta esfera, la nueva administración se presenta como el primer «gobierno feminista» de la historia de España y, mediante la instrumentalización del movimiento, pretende iniciar una ofensiva contra los derechos de las mujeres que ejercen prostitución.

En una de sus primeras declaraciones desde su nombramiento, la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, hablaba de acabar con la prostitución como uno de los principales objetivos del nuevo «gobierno feminista» del PSOE.

Y es que a pocas personas se les escapa que el PSOE no va a poder llevar a cabo políticas que difieran de modo sustancial de las del PP, ni en el terreno económico ni en cuanto a la cuestión nacional. En este contexto, es lógico que el Partido Socialista tenga que optar por algún elemento de gran interés comunicativo para simular que la moción de censura no va mucho más lejos que otra fase más de la alternancia PP-PSOE que ha caracterizado la política de este Estado desde la Transición.

En este artículo, analizaremos cuáles son los argumentos utilizados para defender la prohibición de la prostitución, y también los efectos de sus propuestas; ¿puede esta defenderse de forma coherente a partir de argumentos feministas? Asimismo desgranaremos algunos argumentos que se dan desde la izquierda para valorar hasta qué punto el apoyo a medidas sancionadoras de la prostitución es coherente, viniendo de grupos que manifiestan defender los derechos de las trabajadoras.

Para hacerlo, situaremos los distintos posicionamientos políticos con relación a la prostitución y los argumentos en que se basan. Comúnmente, se habla de «abolicionismo» y «regulacionismo» como las dos posiciones centrales. Sin embargo, consideramos que el panorama es un poco más complejo. Vamos a intentar desarrollarlo.

Abolicionismo y regulacionismo

En este concepto podríamos incluir todas aquellas posiciones que consideran que la prostitución es un fenómeno que debe desaparecer de nuestras sociedades, pero encontramos un amplio abanico de posturas sobre las condiciones de dicha erradicación y las medidas que aplicar para llevarla a cabo.

Una parte del abolicionismo —lo que conocemos como «abolicionismo radical»— considera que la prostitución es, en sí misma, violencia contra la mujer, y que hay que implementar medidas para acabar con ella de forma inmediata, independientemente del contexto social y político. Estas posiciones se concretan en medidas que evitan sancionar —al menos de forma directa— a las mujeres, que son consideradas víctimas de una violencia patriarcal. En su lugar, se busca punir a los clientes y también a terceras partes: empresas, agencias de publicidad… e incluso, en ocasiones, sancionar a entidades y asociaciones que apoyan a las mujeres que ejercen prostitución, sin exigirles a cambio que abandonen la actividad.

Por otra parte, el «prohibicionismo» da un giro argumental, dado que las mujeres ya no son víctimas, sino que pasan a ser criminales, justificando la puesta en marcha de medidas que sancionan directamente a las propias mujeres. Llevadas a la práctica, sin embargo, estas medidas de criminalización del cliente han demostrado ser más perjudiciales hacia las mujeres que ejercen prostitución que hacia los demás sujetos, puesto que criminalizan igualmente la actividad —aumentando así el estigma hacia la prostitución—, dificultan las estrategias de supervivencia de las mujeres y empeoran las condiciones de seguridad en las que trabajan. Por tanto, las medidas prohibicionistas y las «abolicionistas radicales» de criminalización del cliente no difieren de forma sustancial con relación a las vulneraciones de los derechos de las mujeres que ejercen prostitución. Se trata de un humanitarismo punitivo, que busca salvar un ideal de mujer a costa de perjudicar las situaciones concretas de las mujeres concretas.

Sin embargo, también son abolicionistas —normalmente se habla de «abolicionismo moderado»— aquellas posiciones que, si bien consideran que la prostitución es una institución que debe desaparecer, entienden que se trata del producto de un sistema capitalista y patriarcal. De este modo, la desaparición de la prostitución se producirá en la medida en que se modifiquen —o destruyan— las estructuras de opresión de clase y de género. Mientras tanto, estas posiciones conciben la búsqueda de medidas que garanticen los derechos de las mujeres, tanto de aquellas que deseen encontrar alternativas a la prostitución como estrategia de supervivencia como de las que quieran seguir ejerciendo dicha actividad. De hecho, aquí encontramos muchos puntos de encuentro con el movimiento proderechos, del cual hablaremos más adelante.

Otra de las posiciones que mencionar es la conocida como «regulacionismo», que entiende que la prostitución es una actividad que debe ser controlada por parte del Estado (capitalista), a través de una serie de medidas de reglamentación. Estas legislaciones no difieren del modelo de regulación generalizado en los Estados capitalistas para el conjunto de la economía, de modo que se dibujan estructuras jurídicas que permiten legitimar y asegurar el lucro empresarial, pero que en ningún caso tienen como objetivo garantizar los derechos de las mujeres. De hecho, en algunos países, los modelos regulacionistas incluyen medidas sancionadoras y claramente estigmatizadoras hacia las trabajadoras sexuales. Por este motivo, los movimientos de trabajadoras sexuales y sus aliadas rehúyen la posición regulacionista y se consideran a sí mismas como «movimiento proderechos».

 

 

Movimiento proderechos

Esta posición parte de la idea de que las mujeres que ejercen trabajo sexual no son víctimas ni tampoco criminales. Son personas que han optado por sus propias estrategias de supervivencia —colocando en el centro su autonomía como mujeres y su capacidad de toma de decisiones—, en muchos casos condicionadas por su situación económica; un condicionante que afecta a todas las individualidades que formamos parte de la clase trabajadora. Por este motivo, las mujeres no deben ser sancionadas, pero tampoco debe sancionarse a sus clientes, no tanto por defender a estos como por el hecho de que sancionar al cliente las criminaliza de forma indirecta también a ellas, vulnerando así sus derechos.

Otro de los elementos centrales del discurso proderechos pasa por poner de relieve la falta de reconocimiento laboral del trabajo sexual, que supone una barrera al acceso de las mujeres a sus derechos. En primer lugar, a derechos laborales básicos que permitan una protección frente al empresariado y la patronal. Hemos visto que, desde la década de 1970, se ha producido una progresiva desregulación del mercado laboral que ha ido empeorando las condiciones laborales de la clase obrera. Pues bien, el trabajo sexual no deja de ser un caso paradigmático de cómo esa desregulación paulatina despoja a la clase trabajadora de sus herramientas de protección frente a los abusos patronales.

Pero, más allá de la negación de derechos laborales (que no es poco), hay que tener en cuenta que, en un marco capitalista, los derechos de ciudadanía están directamente condicionados a la participación en un mercado laboral formal y regulado. De este modo, el acceso a los derechos de ciudadanía no estan garantizados para quienes trabajan en sectores laborales no reconocidos, como son las tareas del hogar, el cuidado de personas mayores y cualquier empleo que forme parte de la economía sumergida. Reclamar que se garanticen los derechos de ciudadanía para las mujeres que ejercen trabajo sexual no es una demanda solo para ellas, sino que implica una lucha conjunta con todas las personas que ejercen actividades no reconocidas en el ámbito laboral.

Dicho esto, creemos que se plantean dos planos discursivos. En primer lugar, uno simbólico-ideológico, en el que operan las diferentes concepciones con relación a la prostitución. En segundo lugar, hay un plano práctico, que es el que se refiere a las medidas que aplicar respecto al trabajo sexual y sus efectos.

Nada más lejos de nuestra intención que quitar importancia a la reflexión teórica e ideológica. Gracias al pensamiento político, somos capaces de analizar los contextos estructurales, entender el peso del capitalismo y del patriarcado y vincular fenómenos concretos dentro de una explicación global. Gracias a un trabajo político e ideológico, podemos ir más allá de la realidad inmediata, unir luchas y cuestionar el sistema, sabiendo que puede haber una alternativa a este.

Pero también es necesario situar que no puede existir un pensamiento teórico válido si este no se desarrolla en interacción con la praxis y la realidad. Cuando analizamos la prostitución como fenómeno, no podemos permitirnos pasar por alto la realidad concreta y material de las personas que la ejercen y, por tanto, los discursos que permanecen en el plano teórico acaban resultando incoherentes en el terreno de la acción práctica.

En este sentido, consideramos que un discurso feminista, sea cual sea su concepción respecto a la prostitución, no puede permitirse negar la autonomía a las mujeres ni su capacidad de tomar decisiones. No puede defender que las mujeres que ejercen prostitución son víctimas sin capacidad de agencia (negar la agencia a las mujeres ha sido un instrumento tradicional del patriarcado). Tampoco puede ser un discurso feminista aquel que ampare la criminalización de las mujeres que ejercen prostitución, ya sea a través de la sanción de forma directa o de la puesta en peligro de sus estrategias de supervivencia. Al mismo tiempo, un discurso de izquierdas y que pretenda defender los derechos de la clase trabajadora no puede oponerse a la reivindicación del acceso a unos derechos laborales y de ciudadanía que les son negados —en mayor medida que al resto de la población— a todas aquellas personas que no participan de un mercado formal, así como el derecho de las trabajadoras sexuales a organizarse en la lucha por tales derechos.

 


 

Sindicalismo y trabajo sexual

En la pieza anterior, hemos situado la ofensiva que se está produciendo en el Estado español con relación a los derechos de las mujeres que ejercen prostitución. Sin embargo, hay un aspecto al que es imprescindible dedicar una atención específica, ya que seguramente es uno de los factores que explican la ofensiva prohibicionista contra la prostitución: la creciente organización política de las trabajadoras sexuales.

 

 

Una de las reivindicaciones centrales del movimiento de trabajadoras sexuales ha sido la lucha contra el estigma de la prostitución. Según la antropóloga feminista Dolores Juliano, un estigma es una marca externa que determina una conducta social respecto a una persona o grupo. Podemos considerar que actúa como un elemento simbólico-ideológico que, sin embargo, también tiene numerosas consecuencias en el plano económico, en la medida en que normaliza la privación de multitud de derechos a las trabajadoras sexuales.

A este estigma, se suma la falta de reconocimiento laboral del trabajo sexual. Eso tiene como consecuencia la ausencia de derechos laborales y, con ello, del conjunto de derechos humanos y de ciudadanía. Recordemos que, por mucho que hablemos de «derechos de ciudadanía», en las sociedades capitalistas occidentales el acceso a estos está condicionado en gran medida a la participación en el mercado de trabajo formal.

Si la reivindicación de las trabajadoras sexuales ha estado tradicionalmente muy ligada a la lucha contra el estigma, cabe considerar que, de algún modo, en los últimos años se ha dado un cambio cualitativo. En este sentido, el abordaje de la cuestión del trabajo sexual desde una perspectiva laboral ha ido tomando importancia, así como su relación con otros sectores laborales no regulados o no reconocidos. Seguramente, no falta relación entre esta evolución y una economía feminista que ha ido ganando voz últimamente en los movimientos sociales.

En este contexto, las trabajadoras sexuales del Estado español han empezado a organizarse también a través de estructuras sindicales. En julio de 2018, se presentaba públicamente en Barcelona la primera sección sindical de trabajadoras sexuales creada en el mes de mayo, dentro de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Con esta creación, también se iniciaba un proceso de diálogo con distintas organizaciones del sindicalismo alternativo en todo el Estado, con el objetivo de generar una actuación política coordinada entre los distintos territorios.

Por otra parte, en el mes de agosto se constituía una nueva organización sindical, esta vez pensada desde la óptica específica del trabajo sexual. La reacción del PSOE fue directamente un intento de ilegalización del sindicato, propiciando una nueva regresión de derechos civiles y democráticos, al negar el derecho a la sindicalización.

¿Pero qué implica la organización política de las trabajadoras sexuales a través de la vía sindical? En primer lugar, reivindicar la labor sexual como un trabajo, más allá de las consideraciones morales que cada cual pueda tener al respecto. Podemos entrar a debatir si la prostitución es o no una institución deseable, pero difícilmente podemos entrar a cuestionar que las mujeres que ejercen esta actividad deben gozar de los mismos derechos que el resto de la población.

En este sentido, las trabajadoras deben dotarse de herramientas para hacer frente a los abusos de la patronal y los empresarios, del mismo modo que debe hacerlo cualquier sector laboral. Y, al mismo tiempo, también deben dotarse de poder de negociación frente a una estructura estatal que debe ser —aunque sabemos que no lo es— garantía de derechos laborales y de ciudadanía para todas las personas.

Cabe decir también que la organización sindical implica necesariamente una generación de alianzas con otros sectores laborales. Por ejemplo, la apuesta por crear una sección sindical dentro de la IAC en Cataluña implica que un conjunto de sectores laborales hayan reconocido a las trabajadoras sexuales como un ámbito laboral más. Y es que la ausencia de derechos laborales, producto de la ausencia de reconocimiento, no deja de ser la misma que ha sufrido una gran parte de la clase trabajadora que ve cómo sus derechos laborales se han ido reduciendo de forma drástica. Con ello, se hace evidente que la lucha de las trabajadoras sexuales no es parcial, sino que está inherentemente relacionada con las reivindicaciones de la clase trabajadora y, en concreto, con la de las mujeres trabajadoras.